Sentencia A. 479/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-479/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Controversias sobre declaratoria de existencia de vinculación laboral propia de un trabajador oficial

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 479 DE 2025

 

Referencia: expediente CJU-6336

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Buenaventura y el Juzgado 001 Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura

 

Magistrada sustanciadora:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá D. C., nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. Demanda y pretensiones. El 3 de marzo de 2023, Julio Alberto Campaz interpuso demanda ordinaria laboral contra la Alcaldía Distrital de Buenaventura. En su demanda formuló las siguientes pretensiones: (i) “que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido”[1] durante el periodo comprendido entre el 18 de agosto de 1981 y el 22 de octubre de 1998; (ii) que se reconozca en su favor “la pensión sanción de jubilación por haber sido despedidos [sic] sin justa causa, luego de contar más de 10 años de servicios”[2]; y (iii) que, como consecuencia del reconocimiento anterior, se ordene el pago de “las mesadas dejadas de percibir”[3] junto con los correspondientes intereses moratorios e indexación.

 

2. Hechos relevantes. Julio Alberto Campaz, de 70 años[4], argumentó que laboró como “electricista, adscrito a la Secretaria de Obras Públicas Municipales”[5] del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, entre el 18 de agosto de 1981 y el 22 de octubre de 1998[6]. Durante dicho periodo, manifestó que “no fue afiliado al sistema de seguridad social en pensiones [en el régimen] de prima media con prestación definida”[7]. Su vinculación fue terminada por el entonces alcalde, en cumplimiento de un acuerdo del Concejo Municipal de Buenaventura que “modificó la planta de trabajadores oficiales”[8], razón por la que se le notificó que “el cargo de trabajador oficial que [venía] ocupando fue suprimido”[9]. En razón de lo anterior, el Municipio le reconoció una liquidación e indemnización[10].

 

3. Actuaciones y postura de la jurisdicción ordinaria laboral. En audiencia del 11 de febrero de 2025, el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Buenaventura declaró su falta de competencia jurisdiccional para conocer el asunto[11]. El despacho sostuvo que la vinculación del demandante ocurrió mediante “acto administrativo precedido de acta de posesión”[12], lo que evidencia “una relación legal o reglamentaria sin que se observe que el demandante hubiese suscrito un contrato de trabajo”[13]. Esta decisión se fundamentó en el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968[14], el artículo 104 del CPACA, así como en los autos 314 y 401 de 2021 de la Corte Constitucional[15]. Por consiguiente, el Juzgado ordenó remitir el expediente al reparto de los jueces administrativos del Circuito de Buenaventura[16].

 

4. Actuaciones y postura de la jurisdicción contencioso-administrativa. Mediante auto del 17 de febrero de 2025, el Juzgado 001 Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura declaró su falta de jurisdicción, propuso conflicto negativo y ordenó remitir el expediente a esta corporación para que lo resolviera. El despacho sostuvo que, según los documentos anexos a la demanda, “las labores encomendadas a la parte actora no provienen de una relación legal y reglamentaria de servidor público […], sino que se trata de una controversia en la que se pretende se declare la existencia de un contrato de trabajo”[17]. Además, sustentó que el demandante cumplió funciones como electricista adscrito a la Secretaría de Obras Públicas Municipal[18]. Como fundamento jurídico de su posición, el Juzgado citó el artículo 104 de CPACA, el artículo 2 del CPTSS y el Auto del 28 de marzo de 2019, emitido por la Sección Segunda del Consejo de Estado[19].

 

5. Actuaciones en la Corte Constitucional. El proceso fue remitido a esta corporación el 21 de febrero de 2025[20]. Posteriormente, el 18 de marzo de 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente al despacho de la magistrada sustanciadora, de acuerdo con el reparto efectuado el 17 de marzo del mismo año[21].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

6. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución.

 

2.     Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología

 

7. La Sala Plena debe decidir el conflicto negativo de jurisdicción entre el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Buenaventura y el Juzgado 001 Administrativo Mixto de la misma ciudad. La controversia se centra en determinar la autoridad judicial competente para conocer la demanda laboral interpuesta por Julio Alberto Campaz contra el municipio de Buenaventura, que busca el reconocimiento de una relación laboral, así como el pago de acreencias laborales e indemnizaciones correspondientes. A dichos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si se cumplen los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo que configuran los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia en relación con el conocimiento de demandas laborales formuladas por trabajadores oficiales contra entidades públicas. (II.4. infra). Por último, resolverá el conflicto e indicará cuál es la autoridad judicial que debe continuar el trámite del proceso (II.5 infra).

 

3.     Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones

 

8. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ningun[a] le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[22]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo^[23], los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

9. La controversia configura un conflicto de jurisdicciones. Esto, por las siguientes razones.

 

9.1.  Satisface el presupuesto subjetivo. El conflicto se suscita entre dos autoridades judiciales que pertenecen a distintas jurisdicciones. De un lado, el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Buenaventura, que integra la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. De otro, el Juzgado 001 Administrativo Mixto del Circuito de la misma ciudad, que forma parte de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo^[27].

9.2.  Cumple el presupuesto objetivo. Las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de la demanda laboral presentada por Julio Alberto Campaz, controversia que exige un trámite de naturaleza judicial.

9.3.  El presupuesto normativo está acreditado. Ambas autoridades judiciales expusieron las razones legales y jurisprudenciales por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer la demanda (párr. 3 y 4 supra).

 

4.     La Jurisdicción Ordinaria Laboral es competente para conocer demandas sobre declaración de una relación laboral con entidades públicas cuando, preliminarmente, se pueda desvirtuar la regla general de vinculación. Reiteración de jurisprudencia[28]

 

10. En el Auto 445 de 2024, esta corporación determinó que, en atención a lo dispuesto en el artículo 2 del CPTSS, así como en el artículo 104 y el numeral 4 del artículo 105 del CPACA, a la jurisdicción ordinaria laboral le corresponde el conocimiento de las demandas que se originan directa o indirectamente en un contrato de trabajo, independientemente de que el empleador sea una entidad pública o un particular, incluyendo las controversias entre el Estado y los trabajadores oficiales. Por su parte, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento de las demandas relacionadas con el vínculo existente entre los empleados públicos y el Estado, derivado de una relación legal y reglamentaria[29].

 

11. Así mismo, en los referidos autos, la Corte precisó que al juez que dirime el conflicto de competencia, “[…] no le corresponde hacer un análisis minucioso y exhaustivo de las funciones de quien pretende el reconocimiento de una relación laboral con el Estado o de otros aspectos que correspondan al fondo de la controversia [, pues] deberá ser resuelta por el juez natural […]”[30]. Sin embargo, para efectos de dirimir el conflicto, cuando no hay elementos suficientes que determinen con claridad la naturaleza del vínculo que podría tener el trabajador, el juez de competencia debe acudir a la regla general de vinculación de la entidad correspondiente con miras a analizar si las funciones desempeñadas por el trabajador se ajustan a dicha regla, o si, por el contrario, se puede concluir, prima facie, que la naturaleza del vínculo es distinta.

 

12. Para distinguir la naturaleza del vínculo laboral con una entidad pública, la Corte también ha precisado que “la calidad de trabajador oficial y de empleado público no depende exclusivamente del instrumento formal que se utilizó para la vinculación, sino también de las funciones realizadas”[31]. En el Auto 235 de 2023, la Corte estableció criterios para definir, en el marco de conflictos de competencia, si se trata de un empleado público o trabajador oficial. Explicó que debe tenerse en cuenta “(i) el criterio orgánico, correspondiente a la naturaleza jurídica de la entidad demandada; y (ii) el criterio funcional, que se refiere a la naturaleza del vínculo laboral y las funciones desempeñadas por la persona natural. De esto se deriva que, (i) cuando las labores se prestan a una entidad pública (criterio orgánico), y (ii) cuando aquellas actividades están relacionadas con la construcción y sostenimiento de obras públicas (criterio funcional), se entiende que, prima facie, la persona que las realiza tiene el carácter de trabajadora oficial, así haya sido vinculada a una entidad pública con una relación de origen legal o reglamentario”[32].

 

13. Para comprender las actividades propias de los trabajadores oficiales es útil acudir a lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que lo ha explicado en los siguientes términos:

 

[L]a actividad de los trabajadores oficiales, en torno al concepto de construcción y mantenimiento de ‘obra pública’, se refiere tanto a las actividades de fabricación, instalación, montaje o demolición de estructura, infraestructuras y edificaciones, como al ‘[...] conjunto de actividades orientadas a la conservación, renovación y mejora del bien construido, lo cual implica intervenciones para su reparación de base, transformación estructural, garantía de prolongación de su vida útil y engrandecimiento[33].

 

14. Naturaleza jurídica de los municipios. En relación con el régimen de vinculación del personal con las entidades territoriales, debe acudirse al Decreto 1333 de 1986 que establece el Código de Régimen Municipal y es el marco jurídico fundamental para la organización y funcionamiento de la administración municipal en Colombia. El artículo 292 del Decreto 1333 de 1986 establece como regla general que los servidores municipales tienen la calidad de empleados públicos, con excepción de aquellos que se dedican a la construcción y sostenimiento de obras públicas, quienes son vinculados como trabajadores oficiales.

 

15. Controversias pensionales. Finalmente, en relación con los casos de reconocimientos pensionales, entre otras providencias, en el Auto 490 de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha destacado que para determinar la competencia debe tenerse en cuenta el tipo de vinculación que tiene la persona al momento de causarse el derecho prestacional pretendido y cuál entidad administra su régimen pensional. Por lo tanto, si en dicho momento la persona tenía la calidad de empleado público y su régimen estaba administrado por una persona de derecho público, la competente será la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si, por el contrario, no la tenía, la competente será la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social.

 

5.     Caso Concreto

 

16. La jurisdicción ordinaria laboral es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto planteado. Al analizar la naturaleza jurídica del vínculo de Julio Alberto Campaz con el municipio de Buenaventura, la Sala constata que existen elementos probatorios mínimos que permiten concluir, prima facie, que el demandante desempeñó funciones propias de un trabajador oficial. Según los documentos aportados al expediente, el señor Campaz ejerció el cargo de electricista adscrito a la Secretaría de Obras Públicas del municipio[34], cargo relacionado con la construcción y sostenimiento de bienes públicos. Además, el municipio de Buenaventura reconoció expresamente, en una resolución de 1998 por medio del cual se le reconocen unas prestaciones sociales, que el actor “se desempeñaba como trabajador oficial como electricista”[35]. Por consiguiente, el conocimiento de la demanda interpuesta por el señor Campaz corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, en atención a la regla fijada en el Auto 445 de 2024.

 

17. Adicionalmente, es importante resaltar que en las pretensiones del demandante también se solicita el reconocimiento de “la pensión sanción de jubilación por haber sido despedidos [sic] sin justa causa, luego de contar más de 10 años de servicios”. Se trata de una pretensión secundaria, derivada de la pretensión principal relacionada con el reconocimiento de la existencia de un “contrato de trabajo a término indefinido” durante el periodo comprendido entre el 18 de agosto de 1981 y el 22 de octubre de 1998. En todo caso, como se concluye, prima facie, que el demandante se desempeñó como trabajador oficial, el conocimiento de esta pretensión también correspondería al juez ordinario laboral, en atención a la regla de decisión fijada en el Auto 490 de 2021.

 

18. La Sala Plena concluye que el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Buenaventura es la autoridad judicial competente para conocer y decidir la demanda laboral interpuesta por Julio Alberto Campaz contra el municipio de Buenaventura. Por esta razón, ordenará remitir el expediente CJU–6336 a dicho despacho, para que continúe con el trámite respectivo y para que comunique la presente decisión.

 

19. Regla de decisión. De conformidad con el artículo 2° del CPTSS, el artículo 104 y el numeral 4 del artículo 105 del CPACA, la Jurisdicción Ordinaria Laboral es competente para conocer de las demandas en las que se solicita declarar la existencia de una relación laboral con una entidad pública -Municipio- cuya regla general de vinculación es la de empleado público y es posible desvirtuar, prima facie, dicha regla[36].

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de competencia entre jurisdicciones suscitado entre los juzgados 002 Laboral del Circuito de Buenaventura y 001 Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Buenaventura es la autoridad competente para conocer la demanda presentada por Julio Alberto Campaz en contra del municipio de Buenaventura.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-6336 al Juzgado 002 Laboral del Circuito de Buenaventura, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite, así como al Juzgado 001 Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

Ausente con permiso

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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